El comercio ilegal de cigarrillos en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes, según el reciente «Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia» realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en colaboración con la firma INVAMER. La investigación revela que en 2024 el consumo de cigarrillos ilegales llegó al 36%, el índice más alto registrado desde 2016, con un impacto significativo en las finanzas públicas y la seguridad del país.
Impacto Económico: Un Golpe a las Rentas Departamentales
El contrabando de cigarrillos representa una pérdida considerable para las finanzas de los departamentos. Se estima que en 2024 se perderán aproximadamente $1,03 billones en impuestos al consumo, lo que afecta directamente la inversión en salud y deporte. Durante los últimos cinco años, esta cifra ha ascendido a $4,4 billones, debilitando los presupuestos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La diferencia de precios es uno de los principales factores que alimenta el mercado ilegal. En 2024, el precio promedio de una cajetilla de cigarrillos ilegales fue de $4.497, mientras que la de cigarrillos legales alcanzó los $11.067, lo que incentiva la compra de productos de contrabando.
Regiones Más Afectadas y la Relación con la Inseguridad
Los departamentos con mayores tasas de comercio ilegal de cigarrillos son La Guajira (87%), César (81%), Magdalena (79%) y Norte de Santander (75%). Coincidentemente, en estas regiones se ha detectado una fuerte presencia del Clan del Golfo y otras estructuras criminales, lo que indica un vínculo directo entre el contrabando y la violencia.
El informe «Presencia y Accionar de Grupos Armados en Colombia» de 2024 señala que el contrabando de cigarrillos es una de las fuentes de financiación de estas organizaciones ilegales, lo que agrava los problemas de inseguridad en las zonas fronterizas y rurales. Además, se ha observado una relación directa entre este fenómeno y el aumento de homicidios y extorsiones.
Perfiles de Consumo y Canales de Distribución
El estudio también indica que el 51% del consumo de cigarrillos ilegales se concentra en zonas rurales. En cuanto a la edad de los consumidores, el grupo de 55 a 64 años es el más propenso a adquirir estos productos, con un 52% de consumo.
En cuanto a la distribución, las tiendas de barrio siguen siendo el principal punto de comercialización, con un 80% del total de ventas de cigarrillos ilegales en el país. Esto demuestra la facilidad con la que estos productos llegan a los consumidores sin controles efectivos.
Principales Marcas y Países de Origen
La marca más comercializada en el mercado ilegal colombiano es Rumba, que en 2024 alcanzó el 13,4% del total, con un incremento de dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Otras marcas relevantes son Carnival (3,5%) y Real (1,8%).
En cuanto a los países de origen, Estados Unidos ha registrado un alarmante crecimiento como proveedor de cigarrillos ilegales, con un aumento del 6,6% respecto a 2023, alcanzando un 8,5% del total. Uruguay sigue siendo el mayor exportador con un 10,1%, aunque muestra una leve disminución. Corea del Sur, con un 4,9%, también ha reducido su participación en el mercado ilegal.
Medidas Urgentes para Combatir el Contrabando
Ante la gravedad de la situación, se hace un llamado a fortalecer la articulación entre la Fuerza Pública, las entidades gubernamentales y los Grupos Operativos Anticontrabando. Según Didier Tavera, Director Ejecutivo de la FND, «El contrabando está relacionado directamente con el multicrimen y en su operación permea fronteras. Es urgente priorizar este flagelo en la agenda nacional, ya que no solo afecta las finanzas departamentales, sino que también pone en riesgo la salud y la seguridad de los colombianos».
Las estrategias propuestas incluyen un enfoque multidisciplinario que combine inteligencia, intercambio de información y operativos en zonas críticas. Asimismo, se busca concienciar a la ciudadanía sobre las implicaciones negativas del consumo de cigarrillos ilegales y su relación con el crimen organizado.
El contrabando de cigarrillos en Colombia no es solo un problema fiscal, sino un fenómeno que impacta la salud pública, la seguridad territorial y la estabilidad económica del país. Combatirlo requiere un esfuerzo coordinado entre el Estado, la industria legal y la sociedad en su conjunto.